En nuestras aulas solemos pensar en el origen del Estado moderno a través de la amable lente del contrato social. Imaginamos a ciudadanos racionales cediendo en sus libertades a cambio de paz y orden. La evidencia histórica, sin embargo, nos muestra un rostro mucho más crudo.

Charles Tilly, sociólogo e historiador indispensable para nuestra formación, nos sacude con una premisa brutal y directa: «el Estado hizo la guerra y la guerra hizo al Estado». El aparato administrativo que hoy habitamos no nació de un pacto de buenas intenciones, sino como un subproducto del esfuerzo desesperado de las élites por sobrevivir al conflicto armado.

La lógica de la extorsión y la seguridad

Para entender esta mecánica, bajemos la teoría a un escenario cotidiano. Imaginemos un gran mercado de comerciantes que comienza a sufrir asaltos constantes de bandas externas. La supervivencia de sus negocios está en jaque. Para defenderse, los líderes del mercado contratan a un grupo armado de seguridad privada.

¿Cómo se financia esto? Los comerciantes centralizan la autoridad en un comité que obliga a todos los locatarios a pagar una cuota semanal innegociable. Aquí nace el capital (el impuesto).

El grupo de seguridad logra expulsar a las bandas externas y asume el monopolio de la fuerza. Pero una vez neutralizada la amenaza, los guardias no se van. El comité ahora utiliza esa misma fuerza armada para someter a los locatarios morosos y dictar reglamentos internos. La estructura creada para proteger al mercado de la guerra externa se convierte en la entidad que gobierna y extrae recursos de sus propios miembros.

En términos de Tilly, el Estado opera bajo esta misma lógica: es una red de protección institucionalizada que, en sus orígenes, se comporta de manera muy similar a la del crimen organizado.

El laboratorio sudamericano: la Guerra del Pacífico

Si trasladamos este ecosistema a la escala de las naciones, el metabolismo entre capital y coerción es exactamente lo que erige a los Estados. Miremos la historia de América Latina en el siglo XIX, específicamente la Guerra del Pacífico (1879-1884).

Chile, enfrentado a Perú y Bolivia por el control del desierto de Atacama y sus riquezas, se vio forzado a incrementar drásticamente su capacidad militar y logística. Para sostener este esfuerzo bélico, la élite chilena tuvo que centralizar la administración fiscal y monopolizar el cobro de impuestos sobre la exportación del salitre en los territorios ocupados.

La guerra exigió capital. Ese dinero financió la compra de tecnología bélica naval y la profesionalización de un ejército regular, desplazando definitivamente a las milicias y a los caudillos regionales. Tras la victoria, Chile no solo anexó territorios ricos en recursos; consolidó en Santiago un aparato fiscal y coercitivo centralizado que antes del conflicto simplemente no existía con tal fuerza.

El saldo de la guerra

La maquinaria bélica exigió recursos, la extracción de esos recursos requirió burocracia, y esa burocracia terminó por afianzar el poder central.

Mirar al Estado desde la óptica de Charles Tilly nos quita la venda romántica. Nos enseña que la estructura estatal funciona para monopolizar la violencia, garantizar su propia supervivencia y asegurar la extracción sistemática de la riqueza que la mantiene en pie. El Estado moderno no es un simple administrador del bien común; es el vencedor histórico de una lucha a muerte por el control territorial.

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Fuentes de consulta:

• De Gabriel, J. A. (1999). La formación del Estado moderno. En R. Del Águila (Ed.), Manual de Ciencia Política. Trotta.
• Tilly, C. (1992). Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Alianza Editorial.